UN FALLO POR LA TIERRA

La provincia de Santa Fe es testigo de una ley que sienta un precedente histórico para la implementación de futuras políticas públicas destinadas al cuidado del suelo y la preservación del ecosistema en Argentina. Se trata de una ley que prohíbe la fumigación en campos cercanos a zonas urbanas. La medida puede ser útil como experiencia para avanzar en otras provincias con medidas similares.
Luego de que los pobladores de la ciudad de San Jorge presentaran un amparo, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Santa Fe emitió el fallo judicial que prohíbe fumigar "en una distancia no menor a los ochocientos metros, de forma terrestre, y de mil quinientos metros para fumigaciones aéreas, a contar dichas medidas desde el límite de la zona urbana, con ningún tipo de agroquímico”. Esta noticia retumbó fuertemente en los empresarios relacionados al negocio de los agroquímicos y a la plantación de soja. De este modo es que, el pasado 27 de marzo, La Nación publicó una nota adjetivando la medida como "un fallo contra la soja", fundamentando que la prohibición del Glifosato no tiene validez científica y que perjudica las fuentes de trabajo de los productores.
El dato curioso es que el fallo en ningún momento alude a ese agroquímico. Sólo hace mención a las fumigaciones de agroquímicos en esa zona de la provincia. Luego de la publicación de la nota, la Red Nacional de Acción Ecologista (RENACE) difundió un comunicado en el q denunciaba que el diario "falta a la verdad, no tiene en cuenta la insustentabilidad ambiental, social y económica del sistema transgénico de producción agraria". El artículo retumbó fuertemente en otras empresas ligadas económicamente al negocio de agroquímicos, como el Grupo Los Grobo (de Gustavo Grobocopatel, conocido como "El Rey de la soja") y la fundación Darse Cuenta (financiada por la Asociación Argentina de Productores en siembra directa).
Quizás esas empresas rechazan el fallo por las exorbitantes cifras que se aplican al uso de herbicidas en más de 22 millones de hectáreas de cultivos de soja y maíz o porque el Glifosato y las semillas transgénicas resistentes a él, son el insumo básico que permite la producción de soja y maíz en Argentina. La posible eliminación del glifosato no garantizaría que dejen de producirse semillas transgénicas resistentes a pesticidas, fertilizantes químicos ni al mismísimo glifosato. Es decir que podría restringir directamente el modelo de producción de los commodities nacionales. La medida sentó jurisprudencia también porque, a partir del fallo, el gobierno de Santa Fe y la Universidad Nacional del Litoral, deberán comprobar que los productos agroquímicos no son nocivos para la salud. De acuerdo a los resultados del estudio, deberán aplicar medidas que garanticen el cumplimiento de la Ley General del Ambiente (N° 25.675), la cual especifica: “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”. Mientras tanto, los pobladores de San Jorge y numerosas organizaciones en defensa del medio ambiente, continúan solicitando que la medida se aplique a toda la provincia.